domingo, 17 de octubre de 2010

"Free to Lose", de John E. Roemer (I): introducción

Acabo de terminar el libro de John E. Roemer "Free to lose, an introduction to marxist economic philosophy" (1988). A decir verdad, tenía bastantes ganas de leerlo desde hacía tiempo (concretamente, desde la entrada que le dedicó Citoyen picase mi curiosidad). Cabe decir que ni ideológica ni económicamente puedo declararme marxista, pero ¿quién puede resistirse a una obra que pretende reconstruir analíticamente los fundamentos de esta teoría económica? Más aún cuando Roemer, a pesar de remarcar el indiscutible trasfondo ético de su obra, se propone emplear las herramientas de la propia economía neoclásica. En una breve serie de entradas quisiera reseñar (bueno, algo más extenso que una simple reseña) la contribución de Roemer desde sus conceptos más destacados, obviamente, sin prescindir de una valoración crítica por otra parte más que deseable.

Así, Roemer comienza definiendo el concepto marxista de explotación en un sentido técnico. Primero define el tiempo de trabajo socialmente necesario (socially necessary labor time, o SNLT) como aquel que, dadas las tecnologías, el stock de capital y los requerimientos de consumo, es necesario para producir una cierta cantidad de una mercancía y para reproducir o amortizar el capital empleado en el proceso (en sus ejemplos, mercancía es equivalente a commodity). De aquí define el trabajo encerrado en una mercancía (labor imbodied in goods) como el tiempo de trabajo requerido para producir una unidad de la misma. Por tanto, el SNLT es el trabajo encerrado en una cesta de consumo dada. Entonces decimos que un trabajador sufre explotación si el trabajo que emplea en un proceso de producción es mayor que el trabajo encerrado en las mercancías que puede comprar con el salario percibido por dicho proceso. De esta forma, Roemer consigue redefinir uno de los puntales de la teoría marxista prescindiendo de la teoría del valor-trabajo utilizada hasta entonces, que considera errónea (como lo hace la economía ortodoxa desde los tiempos de la revolución marginalista). Aunque los conceptos que a continuación se introducen son necesarios para entender qué se define por explotación, nos centraremos en ésta en la próxima entrada.

Consideremos el ejemplo de Roemer: Supongamos una sociedad formada por 1.000 individuos, que son idénticos y tienen pleno conocimiento de las tecnologías de producción disponibles. Sólo se produce un bien, maíz, que es producido por dos inputs, trabajo y maíz (o sus semillas, que es el capital, así que tenemos el caso de un bien que a su vez constituye su propio capital). Cada individuo tiene preferencias de subsistencia: cada uno necesita consumir 1 unidad de maíz a la semana (para sobrevivir, podría decirse), pero después de eso prefiere dedicar su tiempo al ocio en vez de trabajar. Además, suponemos que cada persona desea, dado el caso, reproducir su stock de semillas inicial. Así pues, la utilidad de cada individuo es una función del maíz y del ocio consumidos. Supongamos también que el stock de capital total inicial es de 500 (K = 500). Hay dos tecnologías de producción, que llamaremos "Fábrica" y "Granja", para las que el periodo de producción dura una semana, tal que:

Granja: 3 días de trabajo + 0 semillas → 1 unidad de maíz
Fábrica: 1 día de trabajo + 1 semilla → 2 unidades de maíz, brutas, o 1 unidad, neta

Asumamos ahora que la distribución inicial de los medios de producción, o del stock de capital es igualitaria, es decir, cada agente posee la misma dotación inicial (500/1000 = ½ uds. de maíz). Dadas las tecnologías y las preferencias de los agentes, y teniendo presente que no hay comercio, ¿cuál es el equilibrio de esta economía? En este caso, la solución es que cada agente trabaja 2 días: ½ día en la Fábrica y 1½ día en la Granja. Supongamos que no hay costes de transacción, con lo cual cada agente puede cambiar instantáneamente y sin costes de tecnología de producción. Durante ½ día un agente trabaja en la Fábrica y planta su ½ ud. de maíz, que al final de la semana dará 1 ud. de maíz neta, lo cual es suficiente para reproducir su dotación inicial de capital, ½, dejándole otro ½ para su consumo. Como dadas sus preferencias necesita consumir 1 ud. de maíz, se traslada a la Granja, donde en 1½ días produce ½ ud. de maíz (sin necesidad de emplear capital, que por otra parte ha gastado previamente). Saquemos resultados. El SNLT requerido para producir 1.000 uds. de maíz (justo para que la sociedad sobreviva, dadas las preferencias) es de 2.000 días, o desde el punto de vista individual, el SNLT necesario para producir 1 ud. de maíz es 2 días. La sociedad usará todo su stock de capital primero en la Fábrica, que en una semana dará 500 uds. de maíz, netas, empleando en ello 500 días de trabajo; mientras tanto, las restantes 500 uds. de maíz se producirán trabajando un total de 1.500 días en la Granja (recuérdese que "días" es una unidad de medida, entendida como la suma de los días trabajados por todos los agentes de la sociedad). Cónstese que si variamos la cantidad de subsistencia deseada (por ejemplo, ahora cada agente desea consumir 2 uds. en vez de 1 ud. de maíz) el SNLT también variará, por lo tanto el SNLT necesario para producir 1 ud. de maíz depende de la producción total requerida y de la fracción de esa producción que debe obtenerse utilizando la tecnología inferior (en este caso, la Granja). De forma equivalente, podríamos decir que el trabajo encerrado en 1 ud. de maíz es de 2 días.

No obstante, en el ejemplo anterior la situación es autárquica, no hay ningún tipo de intercambio entre los agentes de la economía. Ahora supongamos, retomando el ejemplo anterior, que hay dos grupos de agentes, 750 que denominamos C (compradores de trabajo) y 250 que denominamos V (vendedores de trabajo). Cada agente del grupo V trabaja ½ día en la Fábrica utilizando su ½ ud. de capital, que al final de la semana le reporta ½ ud. de maíz, neta. Como necesita otra ½ ud. de maíz para satisfacer su consumo, en lugar de ir a la Granja, decide ofrecer su trabajo a algún miembro del grupo C, o a varios de ellos. ¿Cuál será el salario real que le pagarán en esta economía? La respuesta es que los miembros del grupo C ofrecerán a los del grupo V la posibilidad de trabajar su stock de capital (de C) a cambio de un salario real de ⅓ uds. de maíz por día de trabajo (o 3 días de trabajo por 1 ud. de maíz). ¿Por qué? Con este salario, un agente V puede trabajar para 3 agentes C, empleando un total de 1½ día y obteniendo con ello ½ ud. de maíz, que es lo que le faltaba. En total, el agente V ha trabajado 2 días (como en el caso anterior). Si el salario fuese menor, el agente V preferiría trabajar en la Granja, mientras que si fuese mayor, ningún agente C estaría interesado en contratar. Ahora, por parte de C, el uso de su capital por V proporciona 1 ud. de maíz, bruta, de la cual ½ ud. se destina a la reproducción de su capital y paga un salario de ⅓ ud. de maíz * ½ día = ⅙ ud. de maíz, lo cual le deja, al final, con un beneficio de ⅓ ud. de maíz. Los ⅔ que le faltan los obtiene trabajando en la Granja trabajando 2 días, con lo cual al final los agentes C acaban trabajando también un total de 2 días, igual que los V.

Aunque el equilibrio obtenido en este caso es el mismo que en el primero, la estructura de clases difiere entre ambos. En el primer caso, cada agente trabaja para sí mismo, luego hay sólamente una clase de auto-empleados, sin división del trabajo. En el segundo equilibrio hay dos clases, C y V, y una completa división social del trabajo (algunos trabajan en la Fábrica, otros en la Granja). Nótese que en ambos casos los agentes trabajan únicamente el SNLT. Asimismo, dados los supuestos iniciales, los agentes se mostrarían indiferentes entre cualquiera de los dos equilibrios. No obstante, si suponemos que ahora sí existen costes en el intercambio de una tecnología de producción por la otra (por ejemplo, que existen costes de traslado entre la Fábrica y la Granja medidos en tiempo), entonces el equilibrio autárquico descrito antes no es factibe. De ser así, la solución eficiente será que haya división social del trabajo, con unos agentes trabajando en la Fábrica y otros trabajando en la Granja. En cualquier caso, a pesar de la estructura de clases de este equilibrio, el resultado es completamente igualitario tanto en términos del tiempo trabajado como en el del maíz consumido por los miembros de la sociedad. De aquí se deriva la primera conclusión importante de Roemer, y es que el que exista una estructura de clases no se relaciona necesariamente con una desigualdad en el bienestar final. No será ésta la primera de las conclusiones divergentes con los postulados del marxismo clásico.

P.D. En la próxima entrada trataré de exponer, entendidos los conceptos precedentes y basándome en el mismo ejemplo anterior, qué es en concreto la explotación, cómo surge y qué correspondencia mantiene con la existencia de clases sociales y de su configuración. Ruego me perdonéis si esta primera entrada os ha resultado tediosa o si me he sobrepasado con las matemáticas, pero tanto por interés como por claridad, los ejemplos se me hacían necesarios. Quizá repita el mismo procedimiento en la próxima entrada (dado que se trata de los conceptos más importantes y la aportación más original de Roemer, además de que será de utilidad a la hora de plantear cualquier crítica posterior), pero el resto serán más ligeras, tenéis mi palabra. Si tenéis cualquier duda, sólo preguntad.

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jueves, 14 de octubre de 2010

¿De quién se aprende en las empresas?

Las organizaciones son sistemas formados por estructuras complejas. Una organización no sólo intercambia información con el exterior, sino también entre sus propias divisiones internas. En su relación con otros sistemas, las organizaciones podrán adoptar estrategias competitivas o cooperativas con otras organizaciones, y las decisiones respecto a sus estrategias podrán ser fruto de una mayor o menor planificación, además de que serán tomadas de una forma más o menos centralizada (por no mencionar la obviedad de que pueden ser o no acertadas, o en qué grado). La Economía de las Organizaciones trata de todos estos y otros muchos temas, y sin lugar a dudas, constituye una de las disciplinas económicas más prolíficas hasta el día de hoy, con aportaciones destacadas en teoría de incentivos, derechos de propiedad, relaciones principal-agente, transmisión de información o aprendizaje. Aunque cada uno de estos aspectos merecería una serie de entradas por sí mismos, en ésta quisiera centrarme en el aprendizaje entre los miembros de una organización, o al menos, en algunos aspectos interesantes de la misma.

Como es natural, en una organización habrá miembros de distinto rango y experiencia, que habrán conseguido tanto por la trayectoria interna dentro de la organización como por su trasfondo previo. La interacción entre los miembros más veteranos y los de nueva incorporación resulta por tanto crucial para el funcionamiento interno de la organización. A fin de cuentas, más allá de los estudios, el quehacer diario de cualquier organización, o empresa, está repleto de información específica (no válida o al menos no perfectamente sustituible fuera de la organización) y en muchos casos implícita (es decir, que no está articulada expresamente o se mueve por canales informales). La importancia de esta relación viene reflejada, sin ir más lejos, en el creciente peso que los departamentos de recursos humanos han ido adquiriendo en diversas organizaciones, tanto privadas como públicas.

Ahora bien, en estas relaciones, nuestra intuición nos indicaría que los miembros de nueva incorporación aprenden recurriendo a la experiencia de los más veteranos. Además de ser instruidos específicamente, si los nuevos tienen alguna duda sobre qué hacer o cómo hacerlo, simplemente preguntarán. Esta imagen se nos antoja si cabe todavía más plausible si pensamos en empresas que se basan en un uso intensivo de capital humano cualificado, tales como consultorías, auditorías, despachos de abogados o estudios de ingeniería, por citar algunas. Sin embargo, ¿sucede realmente así?

En un estudio de Peter Blau titulado "The Dynamics of Bureaucracy: A Study of Interpersonal Relations in Two Government Agencies" (1963), se muestra una imagen muy diferente. En los dos casos estudiados, la regla oficial indicaba que los nuevos debían pedir asistencia y obtener consejo únicamente de sus superiores. Sin embargo, ninguno de los agentes tenía intención de acudir constantemente a sus supervisores buscando ayuda, no sólo por no resultar molesto, sino también porque cada pregunta demostraría, como es lógico, lo poco que sabían sobre la materia que estaban preguntando o incluso su falta de criterio o valor para tomar decisiones (lo cual podía implicar que, si se tienen tantas dudas, entonces es que no se está preparado para la tarea que requiere el empleo y por tanto sería conveniente prescindir de sus servicios). El resultado era que los nuevos incumplían sistemáticamente la regla oficial: en lugar de consultar a sus superiores, se consultaban entre ellos mismos. Si había alguna duda sobre cómo aplicar un procedimiento concreto, ésta era consultada a otros compañeros. Cabe pensar que éstos, siendo todos nuevos, tampoco tenían demasiada idea, pero la comparación entre distintas opiniones, la típica situación en la que siempre alguien "se ha enterado mejor" o "lo ha escuchado o preguntado antes", además de la confianza con respecto a otros agentes en iguales condiciones, movían el intercambio de información y, en última instancia, el aprendizaje dentro de los distintos niveles de la empresa. Paralelamente, Blau pudo comprobar que esta situación no era exclusiva de los nuevos: los veteranos también realizaban sus consultas, o compartían información operativa con otros agentes de su mismo rango, pero nunca con uno de rango superior (no digamos ya con uno inferior).

Ahora bien, ¿por qué sucede ésto? En términos técnicos, diríamos que se debe a una asimetría en el poder de negociación de cada parte, concretamente a causa de sus distintas dotaciones iniciales. Los veteranos pueden resolver las dudas de los nuevos, eso está claro, pero ¿qué pueden ofrecer los nuevos a cambio de la solución ofrecida? Nada; o casi nada, ya que siempre pueden ofrecer su gratitud. Pero al cabo de muchas dudas resueltas, la simple gratitud acaba resultando demasiado escasa, por mucho que se adorne de gracias y reverencias. A la larga hay que ofrecer algo a cambio (servicios concretos, y no penséis mal) o bien demostrar la gratitud de una forma mucho más tangible. Así, después de algunas consultas, muy pocos de los nuevos repiten el proceso y en su lugar se consultan entre ellos, entre quienes el intercambio se produce en igualdad de condiciones (todos tienen las mismas "dotaciones iniciales" en cuanto a experiencia o conocimiento, por decirlo así). Obviamente, habrá situaciones muy concretas, o de importancia, que requieran una consulta a los superiores, pero éstas cada vez serán más escasas.

La consideración de estos elementos subjetivos permite profundizar en las bases del intercambio, no sólo a nivel interno de las organizaciones, sino también entre las propias organizaciones. El que no se produzca una transacción monetaria ante un hecho tan trivial como una consulta no implica que, en términos reales, no se esté produciendo intercambio alguno: en este caso, se trata de información (que no viene dada en el vacío, sino que ha de ordenarse, articularse y transmitirse). Si situamos a cada una de las partes en los platos de una balanza, veremos que hace falta "algo" que compense el valor de la información recibida (en el caso que hemos considerado, la contrapartida sería el agradecimiento expresado por los nuevos, al menos hasta cierto punto). De hecho, aun de forma especulativa, estas conclusiones podrían permitirnos entender, por ejemplo, por qué las mujeres en sociedades tradicionales mantienen una actitud sumisa: no tienen capacidad de negociación, o no se les permite tenerla, de forma que ninguna transacción que pudiesen efectuar con respecto a otros agentes sociales estaría nunca "en igualdad de condiciones" salvo que se ofrezca "algo más" (la obediencia, por ejemplo). En resumidas cuentas, la situación de partida en una negociación, a diferencia de lo que afirmaba Ronald Coase, y ya hablemos de información ya hablemos de cualquier otro factor,  al parecer sí es importante.

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El atraso secular de la economía española


Ahora que me encuentro algo más inmerso en trabajos de Historia Económica, concretamente de España y Latinoamérica, cayó hace poco en mis manos el libro de Leandro Prados de la Escosura "De Imperio a Nación" (1988), en el que se dedica a revisar y contrastar una buena parte de las conclusiones típicas de la literatura relacionada con el desarrollo económico de España en el siglo XIX. Entre ellas pueden mencionarse una agricultura deficiente, incapaz de acompasar un desarrollo industrial sostenido; un varapalo económico de suma trascendencia a causa de la pérdida del imperio colonial; un mercado interno muy estrecho, incapaz de reportar tasas de retorno suficientes para estimular la actividad comercial exterior, etc. La originalidad de Prados de la Escosura se muestra patente en la forma de contrastar estos planteamientos mediante el empleo de una metodología cuantitativa bastante rigurosa, que en más de una ocasión se traduce en una (a veces sorprendente) divergencia con respecto al consenso académico previo. Para ofrecer una mínima situación en el planteamiento de la obra, Prados de la Escosura parte de la definición de crecimiento económico de Kuznets, quien lo describe como "un crecimiento sostenido de la renta per cápita o por trabajador, muy a menudo acompañado de un aumento de la población y generalmente por profundos cambios institucionales". Prados de la Escosura invierte los términos, definiendo atraso económico como "un desnivel creciente de renta per cápita o por trabajador, acompañado por una divergencia en el proceso de cambio estructural".

Dado que una entrada hace flaco favor al contenido íntegro del libro, os transcribo directamente las conclusiones del autor (espero, en cualquier caso, que no le moleste). Nunca están de más como marco de referencia a la hora de juzgar la situación de España y su desarrollo decimonónico, máxime teniendo en cuenta lo propensos que somos a prejuzgar a nuestro país o nuestra economía, pasada o frente. Así pues, aquí tenéis las conclusiones (énfasis añadido):  

“Los historiadores de la España del siglo XIX y principios del siglo XX han interpretado la transición económica del imperio colonial a la nación moderna en términos de fracaso, estancamiento y retraso. A lo largo de los capítulos de este libro, he intentado ofrecer una visión del cambio de la economía española en el contexto europeo que resulta aparentemente contradictoria, pues el crecimiento sostenido a largo plazo se ve empañado por el atraso que experimenta en términos comparativos. El estudio se ha apoyado en la utilización sistemática de material estadístico, fruto, la mayor parte de las veces, de una investigación original. El carácter fragmentario de la evidencia disponible y el progreso aún escaso de la moderna historia cuantitativa en España, dan al estudio el carácter de una exploración, preliminar e incompleta, de algunas de las interpretaciones más comunes del atraso económico español.  Las principales reflexiones que de ella se derivan, pueden resumirse así:

1. El ingreso real por habitante experimentó un crecimiento sostenido y, en términos históricos, nada desdeñable, durante el largo siglo XIX y se aceleraría en las dos décadas anteriores a la Guerra Civil. Sin embargo, los niveles relativos de bienestar empeoraron para España y, tras haber supuesto su renta per cápita dos terceras partes de la británica durante las guerras napoleónicas, era alrededor de la mitad en vísperas de la proclamación de la II República.

2. El patrón de desarrollo seguido por España entre 1800 y 1930 no tendió a converger con las pautas de Europa occidental, como refleja el desfase entre el inicio de la modernización, medido por el creciente ingreso real por habitante, a partir de 1930, y los comienzos, décadas más tarde, de la transformación estructural.

3. No hay evidencia concluyente que apoye la idea de que la pérdida de las colonias fuera causa destacada del atraso económico. Pese a los indudables efectos negativos, a corto plazo, sobre el nivel de inversión, los ingresos del Estado, el comercio exterior de bienes y servicios, la industria manufacturera y los servicios financieros, el impacto global sobre la economía fue mucho menor de lo que han supuesto los historiadores (menos del 6% del producto interior) y estuvo concentrado regionalmente.

4. La producción agraria creció a lo largo del siglo XIX, tanto en términos absolutos, como por habitante. El crecimiento procede del mayor volumen de recursos utilizados, así como de incrementos en la productividad. La demanda exterior contribuyó a estimular cambios en la organización productiva y en la asignación de recursos. Esta evidencia tiende a cuestionar la visión de la agricultura como la clave de la explicación del fracaso de la Revolución Industrial en España. Sin embargo, la imagen es menos optimista cuando se sitúa a la agricultura española en el contexto de Europa occidental: la productividad experimentó tasas inferiores de crecimiento, y los diferenciales con respecto a Francia y Gran Bretaña (grandes, de por sí, en 1800) tendieron a aumentar durante el siglo XIX y no se redujeron significativamente en las primeras décadas del siglo XX. Las diferencias en la composición del producto agrario y en el producto por hectárea surgen como factores claves, y no meros síntomas, del atraso agrario español. Determinar si fueron factores naturales o sociales los responsables de éste, requiere una investigación más profunda.

5. El fracaso en lograr acceso a mercados exteriores, más que la estrechez del mercado interior, subyace en la mediocre actuación de la industria manufacturera española. Entre 1800 y 1910, el producto y la productividad industrial aumentaron, si bien a un ritmo inferior al europeo occidental (tanto en los países del Centro como de la Periferia), e incluso, al recientemente postulado para España. Durante los años 1910-1930, la ligera mejoría de los niveles españoles de industrialización por habitante en el contexto europeo, no fue acompañada por una reducción de la distancia que, en términos de productividad, separaba a España de otras naciones de Europa occidental, pues el desnivel se ahondó en este periodo. Así, la industria comparte la responsabilidad de la lenta e insuficiente modernización económica de la España del siglo XIX.

6. Aunque las exportaciones representaban una pequeña proporción del producto interior español, aportaron un estímulo significativo y, quizá indispensable, a la modernización económica durante el siglo XIX y los comienzos del XX. El comercio ejerció positivos, aunque moderados, efectos de arrastre y externalidades sobre la economía española. La demanda exterior indujo a una más eficiente asignación de recursos, y la explotación de sus ventajas naturales, mediante la especialización en cultivos comerciales y productos minerales, significó una vía adecuada de desarrollo en una situación en la que el comercio daba salida a los recursos naturales y humanos excedentes (vent for surplus) de España. La flexibilidad exhibida por los cambios en la composición de exportaciones e importaciones, y la evolución a largo plazo de la balanza de pagos, implican que aquellos historiadores que analizan el comercio exterior español en términos de los patrones monoexportadores de los países del Tercer Mundo, están transplantando conceptos de un entorno totalmente diferente. La teoría de la dependencia formulada para América Latina parece de descasa relevancia para la España del siglo XIX. La especialización de acuerdo con sus líneas de ventaja comparativa proporcionó a España mejoras, tanto absolutas como relativas, en su nivel de bienestar, medidas por las relaciones reales de intercambio. Los favorables precios relativos y las oportunidades de empleo constituyen los elementos clave tras estas tendencias positivas observadas.

7. Atraso, en lugar de estancamiento o fracaso, es el término adecuado para describir la actuación de la economía española durante la transición de imperio a nación a lo largo del siglo XIX. Bajos niveles de formación de capital, físico y humano, un sector agrario tradicional de considerables dimensiones, una industria manufacturera ineficiente y sobreprotegida, dirigida por empresarios que rehuían la competencia, y un grado reducido de apertura al mercado exterior, son elementos destacados de la visión tradicional del pasado de la economía española que han resistido el escrutinio de la reconstrucción cuantitativa y de la exploración analítica llevada a cabo en este libro. Sin embargo, la vieja imagen es ahora menos pesimista. Un crecimiento sostenido, tanto del producto real por habitante, como por trabajador, una población creciente, y moderados cambios en la estructura económica, son rasgos de la España del siglo XIX y primer tercio del XX que encajan en la definición kuznetsiana  del crecimiento económico de las naciones modernas. Así, pues, España se atrasó en el contexto de los países avanzados de Europa occidental, pero, no obstante, la vía elegida para acceder a la sociedad moderna estuvo más próxima a ella que a la de los países actuales del Tercer Mundo".

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jueves, 7 de octubre de 2010

La provisión de bienes públicos (III): críticas y conclusiones al modelo de Tiebout

Al final de la entrada anterior advertí que, a pesar de las vías antes inexploradas que parecía abrir el modelo de Tiebout en torno a la posible eficiencia en la provisión de bienes públicos a nivel local, las cosas no eran tan sencillas. En primer lugar, comenté que los supuestos del modelo eran bastante restringidos. Para apreciarlo mejor, los enumeraré de forma resumida:

1) Los consumidores tienen movilidad completa. Los costes de desplazamiento son nulos.
2) Los consumidores tienen conocimiento completo sobre los patrones de recaudación y de gasto de cada jurisdicción.
3) El número de jurisdicciones es elevado.
4) No hay restricciones relacionadas con el empleo (tanto por perderlo como por adquirirlo).
5) Los bienes o servicios públicos ofertados no generan externalidades de ningún tipo.
6) Las jurisdicciones, dados sus patrones de recaudación y gasto, y otras restricciones, optimizan el tamaño de su población. 
7) Por tanto, en relación con el supuesto anterior, tratan de atraer población si su tamaño es menor al óptimo, de expulsarla si es mayor, o de mantenerla si es igual. La inmigración, en este sentido, es perfectamente controlable.

Como decíamos, los supuestos plantean unas restricciones que es preciso considerar. De hecho, la crítica al mismo que ha surgido tras su publicación generalmente se relaciona con el intento de refutar, corregir o reforzar alguno de tales supuestos. En concreto, hago referencia a la crítica que Truman F. Bewley realizó en el paper "A Critic of Tiebout's Theory of Local Public Expenditures" (1981). En su trabajo, Bewley se dedica a formalizar el modelo de Tiebout al tiempo que expone una serie de ejemplos con los que contrastarlo. Su resultado no es nada alentador. De ocho posibles casos, de los que el modelo original presentado por Tiebout sólo sería uno de ellos, tan sólo uno resulta en un equilibrio que además es eficiente en el sentido de Pareto: el del propio Tiebout. Todos los demás, si bien resultan en equilibrios estables, no son eficientes. Para entenderlo (aunque para una comprensión plena recomiendo el propio paper), presentaré uno de sus ejemplos, en concreto el 3.2.

Supongamos dos jurisdicciones (j = 1,2), cuatro individuos (i = A,B,C,D), un bien privado (l = tiempo), cuatro bienes públicos con la misma función de producción (nj (ga+gb+gc+gd) = 2Lj, donde n es la la población de cada jurisdicción y Lj = laj+lbj+lcj+ldj, luego la producción del bien público depende de la población total). Cada individuo tiene la misma dotación inicial li =1 y, respectivamente, las siguientes funciones de utilidad: Ua = 2ga + gb, Ub = ga + 2gb, Uc = 2gc + gd, Ud = gc +2gd. El precio del bien privado y de cada bien público para las dos jurisdicciones es 1. Supongamos también que los individuos se distribuyen en cada jurisdicción de forma que A y C viven en j = 1, mientras que B y D viven en j = 2. Comprobamos si esta situación constituye un equilibrio de Tiebout. Dadas las funciones de utilidad de los individuos y su distribución entre las dos jurisdicciones, tenemos que la provisión de bienes públicos que se efectuará en cada una de ellas será la siguiente:

j = 1, (ga,gb,gc,gd) = (1,0,1,0)
j = 2, (ga,gb,gc,gd) = (0,1,0,1)

Y las funciones de utilidad de los agentes serán: (Ua,Ub,Uc,Ud) = (2,2,2,2).

La situación que exponemos constituye un equilibrio de Tiebout, ya que si los individuos creen que la provisión de bienes públicos es algo dado (como expresa la suposición 2 del modelo), entonces cualquier cambio de jurisdicción provocará que la utilidad de los individuos decrezca (es decir, los individuos A y C creen que la provisión de bienes públicos es (0,1,0,1) en la jurisdicción 2 independientemente de lo que ellos hagan o dejen de hacer). Sin embargo, este equilibrio no es eficiente en el sentido de Pareto. ¿Por qué? Imaginemos que en la distribución de los individuos ahora A y B viviesen en la jurisdicción 1 y C y D en la jurisdicción 2. En tales circunstancias, la provisión de bienes públicos ahora sería:

j = 1, (ga,gb,gc,gd) = (1,1,0,0)
j = 2, (ga,gb,gc,gd) = (0,0,1,1)

Y sus respectivas funciones de utilidad ahora serían (Ua,Ub,Uc,Ud) = 3 > (Ua,Ub,Uc,Ud) = 2.

Por tanto, la nueva distribución es Pareto superior a la anterior, luego puede darse el caso de que un equilibrio de Tiebout, a pesar de ser estable, no sea eficiente en el sentido de Pareto. Esta es la conclusión que extrae Bewley a lo largo de ocho modalidades distintas de ejemplos en los que, como dijimos, sólo en uno de ellos un equilibrio de Tiebout presenta además condiciones de eficiencia. La conclusión de Bewley no podía ser más ilustrativa: "Tiebout's narrow model is essentially a general equilibrium model. General equilibrium theory was designed so as to solve a very specific allocation problem using a specific mechanism. Tiebout considers a different allocation problem and suggests a different mechanism. But when one considers his idea critically, one finds that in order to solve his problem in the way he suggests, one is obliged to strip the problem of all its distinguishing characteristics and to reduce it to the problem already solved in general equilibrium theory".

Los resultados de Bewley supusieron un jarro de agua fría para todos aquellos que depositaron sus ilusiones en el camino marcado por Tiebout. ¿Podía ser que al final todo quedase en agua de borrajas? Para su suerte, realmente no fue así. Los ejemplos seleccionados por Bewley eran correctos, pero desde luego ni su planteamiento ni los parámetros que él escogía eran los únicos posibles. De hecho, desde entonces numerosos autores han tratado de testar el modelo de Tiebout en múltiples modalidades, trabajando con distintos parámetros e incluyendo numerosas contribuciones, bien de otras áreas de la economía bien a través de su propia aportación. Es más, para que os hagáis una idea, a estas alturas la crítica de Bewley ha sido tan súmamente revisada que ha perdido toda su validez a día de hoy.

En cualquier caso, el modelo de Tiebout, más allá de sus supuestos y de la forma concreta que le dio su autor, ha supuesto un enorme avance en el campo de la Economía Pública en un aspecto muy claro: el haber señalado que, si adoptamos un enfoque más reducido en la provisión de bienes públicos, podemos encaminarnos hacia una solución que antes parecía inalcanzable.

P.D. He intentado ser lo más claro posible en la exposición del ejemplo 3.2. de Bewley, pero sé que puedo haber inducido a confusión más que aclaración. Aparte de remitiros nuevamente al paper, recuerdo que estoy a vuestra plena disposición para aclarar cualquier duda sobre el modelo expuesto, así como sobre cualquiera de los otros que aparecen en su paper. En la medida de lo posible, haré lo que esté en mi mano. 

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miércoles, 6 de octubre de 2010

La provisión de bienes públicos (II): el modelo de Tiebout

En la anterior entrada comenzamos a hablar de la provisión de bienes públicos, y por el momento, parecía que el único resultado era asumir una ineficiencia insalvable pero necesaria. O en otras palabras, sí, podíamos asumir que una economía podía alcanzar un equilibrio, pero éste no sería eficiente en el sentido de Pareto (precisamente por incluir los bienes públicos) [1]. Sin embargo, no todos los economistas estaban dispuestos a resignarse. Así, en un paper ya mítico titulado "A Pure Theory of Local Expenditures" (1956) el economista Charles M. Tiebout [2] propuso una original línea de argumentación que, más allá de dar una solución definitiva, abría enormes puertas para el desarrollo de la Economía Pública moderna.

El razonamiento de Tiebout es el siguiente. Efectivamente, la provisión de bienes públicos a nivel central se encuentra ante los problemas que comentamos en la entrada anterior. Los consumidores no tienen demasiado donde elegir, el sector público de la región en la que nacen es algo que les viene dado. Lo único que puede hacer éste es "adaptarse", en la medida de sus posibilidades, a las preferencias reveladas de los consumidores. No obstante, no tenemos por qué asumir lo mismo con la provisión de bienes públicos locales. A fin de cuentas, los individuos pueden cambiar de localidad, y es más, normalmente lo harán tomando en cuenta una serie de consideraciones, muchas de ellas relacionadas con los bienes públicos que en ella se provean, tales como la tranquilidad de la localidad, la seguridad, el carácter de sus habitantes, su oferta de ocio, la calidad de sus escuelas o de su atención sanitaria, la extensión de sus zonas verdes, el cuidado de sus playas, etc. Todas estas variables son o bienes públicos provistos por la propia autoridad local o bienes que, aunque pudiesen ser privados, presuponen una correcta provisión de algún bien público concreto (como pudiera ser el orden público, por ejemplo). En EE.UU. las corporaciones locales proveen una gran cantidad de servicios, como la educación, pero sería igualmente fácil trasladar todas estas consideraciones en el caso español a las CC.AA., sin ir más lejos (y también podría hacerse con respecto a los distintos países del mundo, ya que el modelo de Tiebout únicamente habla de "regiones", pero en este último caso sería asumir demasiado). Asimismo, las distintas administraciones locales cobran diferentes niveles de impuestos con el que poder sufragar estos bienes públicos, lo cual es algo que los individuos también toman en consideración antes de elegir en qué zona vivir.

De esta forma, Tiebout explica que a diferencia de la provisión de bienes públicos por parte de alguna autoridad central, la descentralización nos permite contemplar los bienes públicos ofertados por cada corporación local o región como un sistema competitivo, en el que las distintas regiones se esfuerzan por captar población a la vez que maximizar el bienestar conjunto de sus habitantes. Es más, bajo esta óptica, Tiebout afirma que de hecho puede alcanzarse un equilibrio que, emulando un equilibrio competitivo, sea además eficiente en el sentido de Pareto. La disyuntiva que nos planteamos en un principio respecto a los bienes públicos queda así superada gracias a la descentralización.

Obviamente, el modelo de Tiebout contiene unas suposiciones bastante concretas y restringidas (movilidad completa de los consumidores, patrones de gasto fijadados de antemano por las corporaciones locales, etc), pero no por ello su contribución pierde validez, sobre todo frente a las palabras de Samuelson: "However, no decentralized pricing system can serve to determine optimally these levels of collective consumption (...)". Por su parte, la conclusión de Tiebout a la luz de su modelo es clara: "The solution, like a general equilibrium solution for a private spatial economy, is the best that can be obtained given preferences an resource endowments".

Sin embargo, antes de dejarnos lleva por la emoción, no está de más recordar que no es oro todo lo que reluce. ¿Cómo, es que hay pegas? Desgraciadamente sí (aunque a veces se olvide, recordad que la economía es una ciencia y, como tal, para cada contribución siempre hay alguien esperando acertadamente a refutarla). Eso sí, para saberlo, tendréis que esperar a la siguiente entrada.

Enlaces recomendados

[1] Para saber qué es o para más información sobre el concepto normativo de eficiencia en el sentido de Pareto puede consultarse mi entrada relacionada con el tema, aquí.
[2] Podéis consultar otros trabajos de Tiebout, así como información sobre su vida académica y personal en su página web dedicada de la Universidad de Whasington, aquí.

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sábado, 2 de octubre de 2010

La provisión de bienes públicos (I)

Una de las principales características de las economías modernas es el peso y papel que el sector público ocupa en ellas. Definir qué es exáctamente el sector público resulta una tarea súmamente compleja, más allá de intuiciones o ideas preconcebidas. En lo que nos concierne, entenderemos el sector público como aquél sector de la economía encargado de la provisión de bienes públicos. La defensa nacional es el ejemplo más recurrido. Otros bienes, tales como la educación o la sanidad, y en general los bienes denominados preferentes, si bien son provistos por el sector público, no son en sí mismos bienes públicos, y por tanto no entran dentro de nuestra consideración.

Aunque la disponibilidad de tales bienes públicos se da por sentada en cualquier economía, su provisión constituye un verdadero problema económico, y teniendo presente que las economías actuales destinan alrededor de un tercio de su renta nacional al sostenimiento del sector público, puede verse claramente que no se trata de una cuestión irrelevante. De ahí la necesidad de entender, primero, qué entendemos por bienes públicos; segundo, qué podemos decir de su producción y distribución; y por último, cómo evaluamos la eficiencia de todo el proceso. Enlazando con lo anteriormente dicho, plantearse que un tercio de la renta nacional se destina a procesos no eficientes supone una pérdida considerable en términos de costes de oportunidad, con lo que una vez más se refuerza su importancia.

No obstante, ¿qué es un bien público? La definición canónica ha sido bien expresada por Elinor Ostrom: "Un bien que está disponible a todos y del cual su uso por una persona no substrae de su uso por otros". En términos técnicos, decimos que un bien público puro es no saturable, no excluyente y no rival. No saturable porque todos pueden consumirlo sin importar su cuantía o número. No excluyente porque no se puede impedir a nadie su consumo. No rival porque su consumo por parte de un individuo no afecta o perjudica su consumo por parte de otros. Obviamente, existen muy pocos bienes públicos que puedan considerarse puros, principalmente debido a que no cumplen la condición de ser no saturables. Pensemos por ejemplo en un parque municipal. El parque cumple las condiciones de un bien público puro en tanto el número de personas que transiten por él no exceda cierto límite, a partir del cual, la aglomeración o saturación provoca que el bien deje de ser público y, por tanto, pueda ser susceptible de someterse a discriminación bajo un sistema de precios. Esta situación, como decimos, es susceptible de darse para la mayoría de bienes públicos en determinadas circunstancias. De ahí que por lo general se asuma como característica de los bienes públicos que únicamente sean no excluyentes y no rivales.

Esta problemática nos lleva a una segunda definición que, aunque quizá menos elegante, resulta más precisa. Decimos así que un bien público es aquél cuyo coste no puede repercutirse sobre sus consumidores. Éste sólo puede sufragarse de forma indirecta y aún así resulta imposible determinar cuál sería la contribución de cada individuo, dada la dificultad de distinguir la frecuencia y proporción de cada individuo en cada caso. Una de las razones que explican la imposibilidad de repercusión sobre los consumidores es el problema del free-rider, ésto es, dado que un bien público es no excluyente, un consumidor racional tenderá a evadir al pago de dicho bien, del que por otra parte no puede excluírsele. Este y otros problemas son los que hacen que la solución más efectiva sea obligar a todos los consumidores a su sostenimiento, y por tanto, de ahí que su provisión se encargue a la única institución que posee la potestad de ejercer la coacción, es decir, el Estado. Su función no sólamente consiste en proveer y sostener los bienes públicos existentes, sino también recaudar y gestionar las contribuciones que se sutraen a los consumidores para su financiación a través de los impuestos [1].

A pesar de todo, queda pendiente la cuestión sobre la eficiencia de esta provisión de bienes públicos. Samuelson (1954) y Musgrave (1939), economistas ambos que analizaron en profusión la función del sector público, terminaron ante la disyuntiva inexorable de un trade-off entre eficiencia y equidad. La existencia de un mecanismo de precios que organizarse un mercado para los bienes públicos resulta imposible, y en tales condiciones, tan sólo individuos u organizaciones con elevados niveles de renta pueden permitirse la provisión de bienes públicos, tales como protección y defensa, de forma que, a pesar de los costes derivados de la apropiación por parte de terceros o de la no remuneración de las externalidades positivas generadas, aún obtuviesen una utilidad positiva por el consumo de dichos bienes. La única provisión posible a gran escala únicamente puede así descansar sobre el Estado, al margen de cualquier sistema de precios, y soportando la inefiencia que dicho proceso conlleva para la economía. En todo caso, la labor del sector público sería adaptativa, es decir, el sector público trataría de "adaptarase" en la medida de lo posible a las preferencias de los consumidores principalmente a través de un método de ensayo y error y confirmación a través del sistema electoral, con todas las deficiencias que pueden achacarse a este procedimiento. Además, podríamos considerar un "tamaño óptimo" del sector público, en el que la garantía de una provisión óptima de bienes públicos se conjugue con la menor ineficiencia posible para la economía. El problema de la eficiencia en la provisión de bienes públicos se reducía pues a una ineficiencia lastrante pero necesaria e inherente al desarrollo de toda economía.

Cabe aclarar que, con respecto a la provisión de bienes públicos, diríamos que la provisión es eficiente si tanto dicha provisión como la distribución que de ella se efectúa coincide con las preferencias de cada uno de los consumidores, o en su defecto, con el agregado vertical de las mismas. No obstante, se hace patente que al Estado le resulta imposible realizar esta labor, ya que la única manera de poder obtener una información medianamente fiable a tal respecto sería forzar a los consumidores a que declarasen tales preferencias, pero incluso así, un consumidor racional tendería a declarar unas preferencias menores a las que realmente posee, a fin de pagar menos por el bien público en cuestión y aún así seguir beneficiándose del mismo. El problema del free-rider vuelve a aparecer. En tales circunstancias, y como decíamos, tan sólo los consumidores particulares, que conocen perfectamente sus preferencias, serían capaces de efectuar para sí mismos una provisión de bienes públicos que resultase eficiente, pero sería necesaria una elevada renta para soportar los costes de no exclusión, tal y como reza el razonamiento que se ha expuesto más arriba.

El problema, como decíamos desde un principio, se muestra francamente complicado, y hasta el momento, la única solución posible parece ser la resignación ante una ineficiencia que, aunque no deseada, es imposible de evitar en la provisión de bienes públicos. No obstante, ¿es ésta la única posibilidad? ¿No hay ninguna solución? La respuesta, en la próxima entrada.

[1] Sé que algún economista austriaco-rothbardiano podría decirme que bienes considerados tradicionalmente como públicos tales como la justicia, la protección policial o la defensa, se consideren o no externalidades, pueden ser provistos por entidades privadas. No obstante, mi respuesta será la misma en todos los casos: que lo demuestren. La pretensión de coherencia lógica es algo loable, pero en este caso concreto, su argumento no sólo contiene importantes fallas teóricas, sino que carece de toda evidencia empírica pasada o presente. Hasta que se muestre lo contrario, por tanto, lo más sensato a la vez que coherente es adscribirse al consenso, aún así respaldado por la teoría, de que bienes como la defensa o la justicia han de ser considerados públicos y provistos por el Estado.

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jueves, 30 de septiembre de 2010

La posibilidad de un default estadounidense

En la entrada anterior vimos que las posibilidades de un default (es decir, una suspensión de pagos de la deuda pública), dada la perspectiva histórica, no resultaba en absoluto desdeñable. Ahora bien, ¿qué sucede exáctamente en un país cuando se da un default? En general, los países encuentran dos vías de escape a esta situación. La primera, a su vez la más empleada, consiste en que el país acaba haciendo frente a sus obligaciones nominales utilizando el antiguo truco de encender la máquina de imprimir dinero, es decir, si el monto total de mi deuda es de 100 millones de dólares, basta con que imprima esa cantidad de dinero y la entregue a mis acreedores. A fin de cuentas, estoy pagándoles lo que está escrito en mis obligaciones, ¿no? Sin embargo, todos sabemos que las cosas no son tan sencillas. El efecto de esta medida es que genera inflación de una forma incierta (no es nada fácil para un Banco Central primero, fijar qué nivel de inflación es necesario para evitar el sobreendeudamiento, mucho menos conseguirlo en la práctica). En pocas palabras, lo único que haces es lograr hacer frente a los pagos haciendo que el dinero valga menos (y en consecuencia, las obligaciones contraídas en esa misma moneda valen menos).

La segunda medida posible es la que solemos apreciar en cualquier suspensión de pagos: reducción del montante que le corresponde a cada acreedor, racionamiento, liquidaciones y, llegado el caso, un impago (lo que vendría a equivaler a una declaración de bancarrota, aunque ésto es poco común, mucho menos en la época actual). A pesar de lo remoto de esta posibilidad, no debemos olvidar que puede darse. ¿Por qué? Principalmente porque, para ser capaz de tomar la primera medida, el país debe tener capacidad precisamente para imprimir dinero. EE.UU. puede hacerlo. Otros tantos países también. ¿España? No es nuestro caso, al menos desde que decidimos prescindir de una moneda propia y entregamos dicha facultad al Banco Central Europeo.

¿A qué viene esta explicación? Resulta que el economista Paul Krugman, que lleva desde el inicio de la crisis clamando a los cielos por un maná que nunca se le antoja suficiente, alerta ahora sobre una posibilidad de default en los EE.UU. que parece insalvable. En este sentido, Krugman afirma que es posible que EE.UU. tenga que recurrir a la máquina de imprimir dinero como única alternativa posible para paliar su elevado endeudamiento, al que ahora parece culpar de la lenta recuperación que está experimentando la economía estadounidense. El anuncio de la Reserva Federal de que comenzará a recomprar treasury-bonds en grandes cantidades (y por tanto, comenzará a inyectar dinero en la economía) se muestra inquietantemente relacionado (más que nada porque cualquier intento de bajar los tipos de interés por esta vía, cuando éstos están prácticamente a cero, parece bastante improbable).

No obstante, Paul Krugman, en lo referente al devenir de la crisis en EE.UU., no deja de desconcertarme. ¿A qué se deben sus palabras ahora? ¿Se está retractando de sus anteriores posiciones, mostrando preocupación por el elevado endeudamiento de la economía estadounidense, o simplemente se trata de una alerta más dentro de su línea "si no sigues gastando, éste será el final"? No está de más recordar que Krugman lleva pidiendo un nivel de gasto, y endeudamiento, cada vez mayores desde que comenzó la crisis al achacarla a una insuficiencia de la demanda agregada que, paradójicamente, parecía superar cada vez más sus previsiones iniciales. El programa de estímulo decretado por Obama al inicio de su mandato fue prácticamente apadrinado por este economista. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, no sólo EE.UU. no termina de arrancar, sino que además empieza a experimentar ciertos fenómenos, como el paro de largo duración, que antes le resultaban completamente desconocidos (y para los que no estaban en absoluto preparados, todo sea dicho). En fin, habrá que esperar nuevas declaraciones, ya que cada vez que habla desde alguna tribuna pública, Krugman nunca deja de sorprender.

Enlaces recomendados

Global Debt Comparison, en The Economist 

viernes, 24 de septiembre de 2010

This time is "not" different

Con motivo de la presente crisis económica, no han sido pocos quienes han anunciado el comienzo de tremendas calamidades. Sí, hemos tenido otras crisis antes, pero esta vez es diferente. Esta crisis no tiene comparación con ninguna otra ocurrida hasta la fecha, ni en sus causas ni en su profundidad. Es el fin del capitalismo profetizado tanto tiempo atrás, dicen algunos. No obstante, si uno se para a pensar, pronto se dará cuenta de que este tipo de afirmaciones son tan recurrentes como las propias crisis en las que se suceden. Así que cabe preguntarse, ¿es esta vez realmente diferente?

Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff opinan que no. Su paper titulado "This time is different: a panoramic view of eight centuries of financial crisis" (2008) es de lectura obligada no sólo como antídoto al catastrofismo basado en la supuesta singularidad de esta crisis, sino también como una excelente visión de conjunto del desarrollo económico a través de las distintas crisis financieras que se han sucedido a lo largo del tiempo. Su novedad, al margen de la inclusión de China e India entre otras en este tipo de estudios, reside en cierta medida en sus conclusiones.

La primera conclusión a la que llegan ambos investigadores es que las crisis financieras suponen un fenómeno universal y recurrente en tanto una economía emergente emprende su transformación hacia una economía desarollada. A partir de ahí, las crisis financieras suponen, como hemos dicho, un suceso inherente al propio sistema económico. Obviamente, dependiendo del grado de complejidad (o estadío de desarrollo) y de la integración entre distintas regiones económicas, las crisis financieras que se suceden presentarán características cuantitativa y cualitativamente distintas, si bien la esencia del fenómeno es la misma en todas ellas. Este carácter recurrente muestra además ciclos bastante coincidentes para todas las naciones, hecho que puede apreciarse por la declaración sistemática de defaults en épocas concretas (las Guerras Napoleónicas y la Gran Depresión marcan dos hitos en este sentido, aunque qué naciones se ven afectadas y el porqué se aclara mejor más adelante). El caso de España es paradigmático, ya que encabeza la primera posición en número de defaults a nivel mundial, 13 en total, desde que declarase su primero en 1557. Hemos de tener en cuenta que, en términos relativos, España era una economía relativamente avanzada ya para esa fecha; incluso en términos absolutos, la economía española de entonces bien podría superar en muchos aspectos a la de algunas naciones contemporáneas en vías de desarrollo. Lo mismo puede decirse para el resto de países occidentales de aquella época, de los cuales destacamos también Inglaterra, que declaró el primer default documentado hasta la fecha en 1340.


Entonces, si las crisis financieras suponen un fenónemo recurrente desde hace siglos, ¿por qué se tiene la sensación, cada vez que sucede una, de que "esta vez es diferente"? Los autores concluyen que dado que estas crisis suceden con un lapso de tiempo de unos cuantos años entre ellas (a veces incluso décadas), la única causa posible es la propia impresión psicológica de los inversores y políticos ante estos sucesos. En cualquier caso, las medidas de actuación frente a estas crisis han evolucionado, y además de forma positiva. De hecho, los autores comprueban que el periodo de recuperación ha pasado, de media, de 6 a 3 años, debido probablemente al desarrollo tanto de la teoría macroeconómica como de los instrumentos económicos disponibles. Obviamente, siempre hay excepciones, pudiendo darse el caso de países que se han encontrado durante décadas en un default tácito o explícito (como es el caso de muchas economías en África y Latinoamérica en distintas épocas).


Otra importante contribución de los autores es su demostración de que, en todas las crisis, se confirma la emanación de éstas de los centros financieros hacia la periferia a través de shocks en los tipos de interés y del colapso de los precios de las commodities (Londres o Ámsterdam han jugado el papel de los EE.UU. en crisis precedentes, por ejemplo). Este hecho obviamente redunda en algo que hemos comentado más arriba, a saber: que el grado de interdependencia entre las economías (lo que algunos sintetizan bajo el término "globablización") influye tanto en la magnitud como la orientación de los efectos de la crisis financieras. A la luz de lo dicho, afirman los autores, la actual crisis financiera de las subprime difícilmente puede considerarse "diferente" de otras precedentes. Los instrumentos, los "autores" o las circunstancias pueden diferir, pero lo esencial se mantiene.

Por último, es interesante mencionar un estudio que los autores ofrecen sobre la evolución de la inflación en las economías analizadas. Los ciclos inflacionarios, lejos de suponer a su vez una novedad (ya que su aparición se suele considerar aparejada al nacimiento del dinero fiduciario) constituyen una tónica general en el desarrollo económico. Este hecho se sustenta en dos pruebas. La primera de ellas muestra cómo la tasa de inflación media (medida porcentualmente) para el conjunto de la economía mundial mantiene una volatilidad relativamente constante en todo el periodo analizado (1500-2000). La segunda muestra cómo, desde 1400 a 1850 la depreciación de la moneda (con la incidencia que este hecho tiene en el fenómeno inflacionario) tiene una evolución creciente para todo el periodo. Obviamente, la introducción del dinero-papel simplifica el proceso de reproducción monetaria descontrolada, sobre todo en épocas de crisis crediticia, pero no está de más resaltar que, en todo caso, puede considerarse más bien una continuidad en una tendencia ya asentada siglos atrás más que una novedad real. Una prueba más de que en contra de aquellos que siempre afirman que "esta vez es diferente", cuando en realidad, más nos valdría aprender de la historia para, si no cometer los mismos errores, al menos ser capaces de aprender de ellos.



P.D. Todas las imágenes que se muestran en esta entrada han sido extraidas del paper que le da contenido, Reinhart, Rogoff, "This time is different: a panoramic view of eight centuries of financial crisis" (2008), que podéis descargar al inicio de la misma (algo que recomiendo encarecidamente).
P.D.D. Sí, he vuelto tras unas largas vacaciones de verano (qué curioso que cuanto más tiempo se tiene menos se aproveche, en fin). Aunque se me presenta el año más duro de la carrera, a su vez el que me requiere mayor trabajo, tanto por las materias como por mi disposición probablemente tenga muchos más papers (y eso significa información interesante que contaros) al alcance de mi mano, al margen de otros materiales que un servidor libremente decida leer. Así pues, espero mantener la continuidad y, por supuesto, que el contenido de este blog siga siendo de vuestro interés, cuando no de vuestra grado. En ese sentido, como siempre, estoy a vuestra plena disposición.

jueves, 24 de junio de 2010

El porqué de la sanidad pública: el problema de selección adversa (III)

En relación a una discusión que mantuve con Ángel Martín Oro sobre el fenómeno de selección adversa en el mercado sanitario (I, II), Albert Esplugas me ha ofrecido una serie de enlaces a modo de réplica, más que contra mi argumentación en particular, contra la postura en general que mantiene que la selección adversa es un problema lo suficientemente significativo en el mercado sanitario como para requerir algún tipo, o grado, de intervención gubernamental. En esencia, las críticas que enlaza Albert no contienen nada especialmente novedoso, pero no por ello dejan de resultar interesantes ni, por eso mismo, desmerecen una aclaración. En concreto (que me corrija Albert si me equivoco), la crítica hacia la postura que he venido defendiendo puede estructurarse en tres argumentos (a los que intentaré responder de la forma más precisa posible):

1) La selección adversa no es un problema significativo en el sector sanitario.
2) De poder serlo, existen mecanismos más o menos eficaces que permiten corregirla.
3) En cualquier caso, una intervención gubernamental es irrelevante, cuando no perjudicial.

En uno de los enlaces, Alex Tabarrok dice: "One reason adverse selection may not be that important in practice is because buyers and sellers use testing and certification to remove the most important information asymmetries". Ésto es totalmente cierto. De hecho, como comenté en una entrada, las pruebas y certificados son una práctica habitual por parte de las compañías de seguros para conocer y clasificar a sus clientes. Esta práctica se conoce como screening. No es el único método para intentar hacer frente a la selección adversa. Otra práctica habitual es diseñar un menú de contratos, o modalidades de seguro, entre las que un cliente puede elegir. El que opte por una u otra indica a la compañía de qué tipo de cliente se trata, lo cual le proporciona a la compañía una información más que valiosa. Este hecho es a lo que se refiere Alex Tabarrok cuando habla de propitious selection. Cabe destacar que ésto no es algo que se de por sí mismo, sino que requiere de un trabajo de estudio, diseño, interpretación y posterior clasificación de los datos recogidos por los distintos clientes. Sólo la "autoselección" es realiza por el cliente, el resto del proceso recae íntegramente sobre la compañía aseguradora, con los costes que ello lleva aparejado.

Ahora bien, ésto no significa que la selección adversa no sea un problema significativo en el sector sanitario, más bien todo lo contrario. La selección adversa es un problema que afecta de lleno a este sector, de ahí que las distintas compañías aseguradoras trabajen constantemente en la recogida de información sobre sus clientes, su clasificación, su distribución dentro del conjunto de la sociedad y el diseño de nuevos métodos de captación de información cada vez más precisos. De hecho, sólo el gasto destinado a labores administrativas por parte de las compañías de seguro sanitarias consume el 20% de su presupuesto total. Hablamos además de casi medio millón de personas empleadas en labores administrativas en dicho sector. El que se inviertan tales sumas de dinero en este área es una muestra de que la información supone una necesidad fundamental en el sector sanitario, una necesidad que lógicamente es necesario solventar. Deducir que como se dedican enormes esfuerzos respecto al tratamiento de la información de los clientes no existe ningún problema de información (o asimetrías de información, que es lo que da pie a la selección adversa) es, cuanto menos, original.

Obviamente, si el que un cliente tiene una enfermedad es algo patente, de dominio público podríamos decir, ninguna compañía le ofertaría un seguro. Es lógico, y efectivamente, como dice Tyler Cowen en otro de los enlaces, en este caso no hablaríamos de selección adversa. No obstante, este hecho particular no implica que la selección adversa no se de en el resto de ámbitos. Las personas que quedan por su condición fuera de cualquier posibilidad de recibir cobertura se dan en todos los sectores de seguros, desde el sanitario hasta el de los automóviles. La decisión de darles o no cabida es por tanto meramente política. No obstante, este hecho debería permitirnos entrever cómo la información afecta de hecho a determinados sectores, pudiendo dejar fuera a un tipo de clientes en situaciones de certidumbre. No hablamos de un sector productivo cualquiera, en definitiva. Ahora bien, ¿qué ocurre precisamente con esa gente que puede parecer una enfermedad y no es algo patente o de dominio público? Son estas circunstancias las que plantean problemas y en las que precisamente aparecen fenómenos como el riesgo moral o la selección adversa, y son éstas en concreto las que analizamos.

En cuanto a cifras, tenemos que en 2007 un 85% de los americanos poseía algún tipo de seguro sanitario, que un 60% lo obtenía a través de su puesto de trabajo mientras que un 9% lo contrataba directamente, y que un 15% se encontró sin ningún tipo de cobertura en algún periodo del año (en una parte importante coincidía con personas que, al perder su empleo, perdieron también la cobertura). Esta última cifra, que se corresponde con 50 millones de personas, resulta bastante relevante, sobre todo en consonancia con las anteriores. Albert hizo en su día un desglose de esta categoría de no asegurados, lo cual, a pesar de todo, no le resta importancia. Quizá resulte todavía más curioso el que un 60% obtenga cobertura médica a través de la empresa, hasta el punto de que la negociación del seguro sanitario que se ofrezca sea una de las principales a la hora de acceder a un puesto de trabajo, así como uno de los principales atractivos de una empresa (ésta suele pagar en torno al 85% de la póliza); aunque no debemos olvidar que la inclusión de un seguro sanitario por parte de la empresa le proporciona bonificaciones fiscales nada desdeñables. Además, Alex Tabarrok afirma: "The national average annual premium for reasonably generous coverage for a single person is just $2,268". Habría que saber qué considera Tabarrok una cobertura razonable, y qué modalidad de seguro escoge a la hora de efectuar sus cálculos, ya que en otras fuentes se afirma que la póliza de un seguro sanitario puede alcanzar perfectamente los 1,000 $ mensuales (dependerá en todo caso del tipo de cliente o de su modalidad de seguro). En cualquier caso, los costes han ido aumentando paulatinamente con el paso del tiempo, y cabe destacar que en su mayoría, los contratos de seguro que se ofrecen son franquicias, en las que la aseguradura cubre una parte del gasto mientras que el cliente ha de sufragar el resto.

Sin embargo, observar estas cifras en solitario podría resultar engañoso, ya que hay que tener presente que un 28% de la población (de forma no necesariamente excluyente con otras modalidades) recibe una cobertura sanitaria por parte de algún programa público, como Medicare o Medicaid. Es por ésto que los efectos de la selección adversa pueden ser confusos. Hablé en una entrada anterior que uno de sus efectos es el racionamiento del recurso, en cuyo caso las compañías podían empezar a reducir su oferta a fin de blindarse contra el riesgo. ¿Cómo podemos saber si las compañías de seguro funcionan en un entorno mucho menos hostil precisamente debido a que los programas públicos acogen a personas de alto riesgo, que ellas nunca querrían asegurar, y por tanto se quedan únicamente con una categoría de clientes con un riesgo inferior? Es difícil saberlo, pero no obstante, los tipos de personas a las que van dirigidos los programas públicos apuntan en esta dirección. De ser así, habría que concluir que estos programas hacen un enorme favor en cuanto al funcionamiento más o menos normal, que no libre de riesgo, de las compañías de seguro, con lo que aunque se tratase de un parche, sí que contribuirían a la eficiencia.

En conclusión, desde luego no podemos decir que la selección adversa no supone un problema en el sector sanitario. Los esfuerzos que las compañías invierten en el tratamiento de la información, sin ir más lejos, lo confirma. Naturalmente, no nos encontramos ante un hecho estático. Las compañías desarrollan cada vez métodos más complejos y precisos de obtener la información sobre sus clientes, su distribución en la población y el riesgo de que éstos contraigan una enfermedad, del mismo modo que también diseñan modalidades de contrato cada vez más ajustadas a todas estas variables. Esta dedicación no es ni mucho menos gratuita, como hemos dicho antes, y las inversiones que a ella se destinan y su aumento con el paso de los años es una muestra de su importancia y de los restos que plantea una complejidad cada vez mayor. En cuanto a los efectos de la intervención gubernamental, si bien es cierto que pueden resultar ambiguos, no es menos cierto que su presencia es significativa y que, desde luego, su función a la hora de dar cobertura a las personas de más alto riesgo no puede descartarse de antemano, independientemente de cualquier consideración política. Queda lejos el día en que pueda permitirme ser categórico, pero desde luego, queda mucho más lejos el día en que pueda permitirme pretender ignorar o minusvalorar un problema de este calado.

martes, 22 de junio de 2010

Los economistas no somos filósofos (II), los psicólgos tampoco

¡Por fin! Acabo de terminar los exámenes del presente cuatrimestre, y aunque los resultados nunca llegan al nivel que uno desearía, no dejan de ser bastante satisfactorios (en términos de rentabilidad por hora dedicada al estudio, eso sí). Aunque necesito unos días para organizarme de cara al verano, próximamente retomaré el ritmo habitual de publicación de nuevas entradas. Ruego paciencia, no os impacientéis ;)

En cualquier caso, el que necesite algo de tiempo para asentarme no quiere decir que no esté haciendo nada. De hecho, ahora que es verano vuelvo a disponer de algo de tiempo para la lectura. Además de "Superfreakonomics", de S. Levitt y S. Dubner,  libro que llevaba tiempo esperando y que he devorado en pocas horas, ahora me encuentro enfrascado en la lectura de "Introducción a la psicología", de George A. Miller, una obra que, por lo que llevo hasta el momento, no me está en absoluto defraudando. De esta última, en concreto, os dejo algunas citas en torno a un tema que hace no demasiado tiempo discutí en una entrada a propósito del carácter científico de la economía, una cuestión en la que tanto ésta como la psicología suelen enfrentarse al mismo tipo de críticas. No tienen desperdicio:

"Por una parte, el conocimiento científico proporciona un fundamento para los adelantos tecnológicos, para la solución de los problemas prácticos que surgen en la vida cotidiana de la gente normal. En este aspecto la ciencia es algo que explotamos, igual que explotaríamos un recurso natural. Mucha gente cree que es ésta la única función de la ciencia; encuentra confusas las distinciones entre científicos e ingenieros, entre la ciencia y la tecnología. Pero la ciencia es, en su esencia, algo más que un arte útil. Entre sus fines figura, tanto como el de controlar, el de comprender".

"Cuando nuevos campos de una actividad científica comienzan a tomar forma, lo hacen casi necesariamente utilizando elementos e ideas que forman parte de la común experiencia de todos los hombres. Durante este primer periodo de conocimiento, la ciencia en cuestión resulta ampliamente inteligible, sus descubrimientos los pueden entender, discutir, apoyar, negar o ridiculizar millones de pesronas. Ciertamente, en una etapa posterior esta ciencia podrá hacerse más precisa, alcanzar una comprensión más profunda o remontarse a mayores alturas de virtuosismo intelectual; pero ya nunca más tendrá el mismo impacto sobre la visión que el hombre medio de sí mismo y del mundo que le rodea. En este posterior estadio, quizá se la defienda por los milagros técnicos que misteriosamente aporte; pero, excepto para un puñado de especialistas, habrá dejado de ser una realidad viva. Conforme tienda a aumentar su impacto tecnológico sobre la sociedad, su influencia sobre el entendimiento común se irá diluyendo".

"Las ciencias sociales han estado siempre un poco a la defensiva en lo que a su estatuto concierne; han sido siempre un poco susceptibles respecto a la afirmación de su carácter científico. Así pues, cuando un gran físico anuncia que la medición es la clave del conocimeinto científico, es fácil que reciba mayor atención de la que merece. (...) No obstante, muchos científicos sociales y hombres de ciencia dedicados al estudio del comportamiento, confiados en que la medición es la piedra de toque de la respetabilidad científica, se han precipitado a buscar números antes de saber lo que esos números pueden significar. (...) El culto a la medición por la medición no es, a buen seguro, una opinión mayoritaria. Más común, pero igualmente obstinada, es la opinión opuesta de que la medición viola la dignidad del hombre, que los números ofenden al espíritu humano. En este extremo parece existir el temor de que el prolijo aparato de la ciencia impida la visión que tenemos unos de otros y obstruya nuestros canales de comprensión directa e intuitiva. (...) La actitud prudente se halla, como de costumbre, en algún punto intermedio entre el impulso irresistible y la repulsión institiva. La primera medida sensata consiste en reconocer que la medición es un medio y no un fin en sí misma. Las mediciones precisas constituyen una parte indispensable de la empreas más ambiciosa de entendernos a nosotros mismos y de entender nuestro universo. El conocimiento así adquirido no es un ornato inútil de uan mente cultivada: establece una línea de acción, guía los actos y sirve de apoyo a las decisiones en todos los ámbitos que toca. (...) La gran virtud de la medición es que nos permite recurrir a las matemáticas y aplicarlas a los problemas que manejamos. Una vez que hemos sustitudo los objetos o los hechos que queremos comprender por símbolos numéricos, podemos proceder a operar sobre esos símbolos siguiendo las reglas de la matemática, que han sido creadas y desarrolladas por las mentes más brillantes de la historia".

Enlaces recomendados

La Ciencia Económica y la Gran Recesión (I), por Jesús Fernández-Villaverde en Nada es gratis